En el día de ayer, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el decreto que desarrolla la Ley 3/2021, de 26 de julio, de Reconocimiento de la Autoridad del Profesorado, desarrollo normativo que llevábamos reclamando desde hace años y en el que hemos estado trabajando desde la Mesa Sectorial y el Consejo Escolar de Andalucía.
El decreto establece la condición de autoridad pública para los docentes, lo que implica respaldo legal en el ejercicio de sus funciones y que su testimonio tendrá presunción de veracidad. También regula los procedimientos para solicitar protección jurídica y apoyo psicológico gratuitos en aquellos casos en los que sean necesario. La asistencia jurídica cubre la representación y defensa en juicio, tanto en procedimientos incoados contra el docente como en aquellos promovidos por él en defensa de sus derechos ante amenazas, coacciones o agresiones. Además, la Junta de Andalucía, promoverá ante la Fiscalía la calificación como atentado de las agresiones e intimidaciones graves contra el profesorado.
Otro de sus aspectos es la creación de la Unidad de Apoyo al Profesorado en cada Delegación Territorial, encargada de atender e informar al personal docente afectado por situaciones conflictivas; tramitar las solicitudes de asistencia jurídica y psicológica y evaluar el grado de conflictividad para prevenir futuros problemas, entre otras.
El desarrollo normativo también incluye medidas para impulsar la valoración social de la función docente mediante campañas informativas y divulgativas y premios y distinciones educativas para el profesorado.
El ámbito de aplicación del decreto abarca, además de a los centros educativos, a las actividades complementarias y extraescolares, así como cualquier situación en la que un docente pueda ser vulnerado en el ejercicio de su profesión, incluyendo el ciberacoso y cualquier acto que atente contra su integridad física o moral.
ANPE ha defendido siempre que la autoridad del profesorado es un elemento básico del proceso educativo. Educar implica establecer una relación enriquecedora y compleja que se da entre personas iguales en dignidad, pero situadas en distintos niveles de responsabilidad. Sin embargo, la autoridad de los docentes ha estado muy cuestionada durante décadas, tal vez porque se ha querido impregnar de un carácter peyorativo a un concepto que nosotros consideramos perfectamente compatible con una escuela democrática. Su defensa fue en su día una causa que abanderamos en solitario, ante el escepticismo de sectores políticos, sociales y sindicales, en un contexto en el que muchas agresiones a docentes quedaban completamente impunes.
Sevilla, 17 de diciembre de 2025.
ANPE-ANDALUCÍA
